Huachicoleo eléctrico

Dos políticos poblanos, el diputado local de Morena, Miguel Márquez Ríos, y Carlos Martínez Amador, ex dirigente del PRD y ahora funcionario de la secretaría del Bienestar estatal, están involucrados en el huachicoleo eléctrico en la Sierra Norte poblana.

La revista Proceso público en su edición de abril que “desde hace más de un año en Nuevo Necaxa, en inmuebles del Sindicato Mexicano de Electricistas existen granjas de minado de criptomonedas, cuya operación requiere de enormes cantidades de energía, la cual obtienen ilegalmente” es decir robándola de postes de la Comisión Federal de Electricidad.

En Nuevo Necaxa, municipio de Juan Galindo, “en la madrugada del 31 de enero último, elementos de la Marina, Ejército y Guardia Nacional abrieron paso en esta localidad a trabajadores de la CFE que desarticularon tomas clandestinas de energía, las cuales alimentaban granjas de minado de criptomonedas instaladas en inmuebles del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)”, escribe la reportera de Proceso Gabriela Hernández.

“Con dos transformadores trifásicos de 225 Kva –cada uno de los cuales podría alimentar el consumo eléctrico de 50 casas– y acometidas de 23 mil voltios, desde el salón de usos múltiples de la sede del SME División Necaxa, edificio que está justo frente a la plaza principal y a unos pasos de la presidencia municipal, se estaban robando grandes cantidades de electricidad que es un bien nacional.  

“A finales de 2023 los pobladores notaron que “algo” operaba en ese enorme galerón, pues empezaron a escuchar el zumbido de ventiladores las 24 horas del día y los siete días de la semana. El ruido era tal que se oía a cinco o seis cuadras a la redonda.

“Además, relatan que, a ese sitio, que antes funcionaba como estacionamiento público, sólo podían entrar fuereños que llegaron desde entonces al municipio, así como personal de confianza de Miguel Márquez Ríos, secretario de Fomento a la Salud y Previsión Social del SME y actual diputado local por la coalición Sigamos Haciendo Historia en el Distrito 2”.

El pasado 28 de marzo, elementos de la Fiscalía General de la República catearon el salón de fiestas Madrid, que es propiedad de Carlos Martínez Amador, actualmente funcionario de la secretaria del Bienestar estatal, ex diputado y dirigente local del Partido de la Revolución Democrática. Ahí también funcionaba una granja de criptomonedas y le fueron colocados sellos de clausura por una investigación que se lleva a cabo por el robo de la energía.

Otros “megadiablos”, llamados en Nuevo Necaxa “huachicoleo” eléctrico, fueron desconectados durante el operativo en el Campamento de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) del kilómetro 153 y en una casa de la colonia Salto Chico, instalaciones que fueron entregadas al SME por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El minado de criptomonedas es el proceso de validar y registrar transacciones en una red blockchain. Los mineros reciben nuevas unidades de la criptomoneda que están minando como recompensa por su trabajo, se sospecha que están vinculados con el crimen organizado y se dedican a lavar dinero.

El costo de minar un Bitcoin depende de la tarifa energética por kwh, que en este caso la robaban y por eso las ganancias eran millonarias en dólares. El tiempo que se tarda en minar un Bitcoin puede variar entre 10 minutos y 30 días.

La minería es una actividad esencial en la red de Bitcoin y es el proceso por el cual se ponen en circulación nuevos Bitcoins. También es un proceso para validar transacciones, crear nuevos bloques sin necesidad de una autoridad central y mantener segura toda la red de Bitcoin.

La minería es lo que mantiene la red Bitcoin en funcionamiento, creando nuevos bloques en la cadena y verificando las transacciones de Bitcoin, no pasan por instituciones financieras y reciben millonarias ganancias.

Las transacciones son verificadas por mineros que utilizan hardware especial para resolver acertijos matemáticos.

Los mineros son recompensados por su trabajo con Bitcoin. No tienen que aportar dinero, sólo la potencia de cálculo de su ordenador, lo que hacían en las minas distribuidas en distintos lugares, desde el Centro hasta colonias y fraccionamientos de Juan Galindo, todos vinculados al Sindicato Mexicano de Electricistas, cuyo secretario de Salud y diputado local dice que los rentaban, cuando es ilegal que las propiedades sindicales se renten.

La minería es una actividad que consume mucha energía y que ha sido criticada por su impacto negativo en el medioambiente, pero en Puebla robaban bajo el amparo del SME a la Comisión Federal de Electricidad, hay que recordar que la empresa tiene años de no cobra el servicio en municipios serranos como Juan Galindo y Huachinango, pero ahora era escandaloso el tamaño del robo de energía, lo que obligo a las autoridades federales a llevar la investigación y el decomiso de sus plantas.

Habrá más información que se sumará a las investigaciones que México y Estados Unidos realizan sobre el blanqueo del dinero del crimen organizado y Puebla y políticos vinculados a Morena aparecen involucrados en este robo multimillonario.

De las anécdotas que se cuentan
 

En su último aliento -sin una nutrida base social, sin argumentos y con una amplia mayoría de la comunidad exigiendo regresar a clases y a trabajar-, la Asamblea General de Ciudad Universitaria aceptó entregar las instalaciones, pero no ayer sino hasta este lunes al mediodía, para volver a actividades el miércoles próximo.

Acordaron que los exámenes serán al regreso de vacaciones y siguen las mesas de diálogo hoy con cuatro facultades que tienen demandas pendientes: Filosofía y Letras, Psicología, Lenguas y Físico Matemáticas.

Se estima que esta misma semana firmen acuerdos y se normalice la actividad en toda la Buap.

En estos días se publicará la convocatoria para el Examen de Admisión y las relaciones estudiantes y autoridades habrán mejorado.

La rectora Lilia Cedillo apostó al diálogo y consiguió el regreso gradual.

Como universitaria, siempre rechazó el uso de la fuerza. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla avanza.

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*ARD