Crisis política en Perú
El presidente de Perú, Pedro Castillo, con tan solo ocho meses de gobierno cuenta solo con el 25 por ciento de aprobación. En ocho meses ha enfrentado disturbios, protestas sociales y de los grupos políticos. Incluso, el martes 5 de abril a menos de 24 horas de haber decretado una orden de inmovilización obligatoria para las ciudades de Lima y Callo, para contener las protestas transportistas, el mandatario tuvo que recular y la suspendió el mismo martes.
Uno de los problemas más palpables es que no hay signos para creer que el oficialismo y la oposición, juntos o separados, puedan corregir el rumbo del país hacia un mejor futuro. No hay una agenda lúcida para una transición a un nuevo gobierno.
Por otro lado, en los últimos días solo ha salido a la luz la falta de oficio de los actores políticos para negociar democráticamente con el presidente Castillo o para una solución que pueda sacar al país de esta inestabilidad.
La mayoría de los políticos de oposición no están dispuestos a reunirse con el gobierno, pues significaría, según ellos, ceder ante los “comunistas”. Del otro lado, el ejecutivo tampoco está interesado en plantear una salida porque, por ahora, tiene lo suficiente para no caer.
Esto ha causado que los actores de oposición prefieran permanecer inmóviles y distantes, cómodos, indiferentes y alejados de la historia. Este actuar será juzgado a lo largo del tiempo por la sociedad peruana.
Por otra parte, el presidente Castillo es un gobernante que desde el inicio ha destruido instituciones democráticas y ha repartido puestos públicos estratégicos a su círculo más cercano. Esto le ha asegurado la captura de órganos vitales para la supervivencia de su gobierno.
No obstante, se ha ido quedando sin aliados en corto tiempo: no solo le han renunciado en su gabinete de forma continua, sino también en su núcleo de asesores. Esto es una situación grave porque los huecos son llenados al vapor y sin una reflexión de por medio.
La oposición sin claridad, al igual que el Ejecutivo, no tiene los votos suficientes en las dos legislaturas para destituir a Castillo. Ahora, además, la oposición tiene una lectura errónea de lo sucedido: consideran que las protestas sociales serán apaciguadas con el decreto de inmovilización de Castillo.
Empero, las protestas en las calles de Lima comenzaron, principalmente, por la amenaza de una decisión arbitraria, antes que por la ilusión de un cambio que puedan proponer los líderes de los partidos de oposición.
Fuera de Lima el malestar contra el gobierno es muy variopinto: algunos piden que Castillo deje el poder; otros que cumpla sus compromisos de campaña, que implemente estrategias ante la inflación, derivada del alza internacional del combustible.
La inacción de las figuras políticas en resolver estos problemas mayúsculos tendrá como el desenlace una escena trágica: que los conflictos sociales que están activos sigan escalando y un mal manejo de ellos generen más muertos. Ese es el escenario se debe de evitar.
La inexistencia de una solución y la inercia de las fuerzas políticas sólo debilitarán el sistema democrático, y generarán más inestabilidad que damnifica, sobre todo, a las clases más desprotegidas.
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