Hace algunos días, el Gobierno Federal anunció la creación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la CONASAMA, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, cuyo objetivo es promover la salud mental y el bienestar integral de la población.
Según lo informado, esta Comisión tendrá entre sus actividades elaborar la política pública, estrategias y programas de promoción, prevención y atención de problemas y trastornos de salud mental, así como de la adicción al alcohol, tabaco, nicotina y cualquier sustancia que pueda provocar daños a la salud.
Considero que este cambio de paradigma que impulsa la propia federación, respecto a la atención prioritaria de la salud mental y las adicciones, es fundamental y mucho más en estos tiempos en que gran cantidad de las problemáticas que estamos viviendo tanto en nuestro país, como en el entorno global, están vinculadas a ellas.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la humanidad está viviendo un momento crucial en la historia de las enfermedades no transmisibles, las cuales se han visto alentadas por los impactos de la globalización, el rápido crecimiento urbano, el envejecimiento de la población y los hábitos de vida poco saludables, como son una alimentación inadecuada, la falta de actividad física y el consumo de sustancias psicoactivas.
Asimismo, la pandemia por COVID-19 ha dejado una estela de estragos en la salud física y mental de la población, como son miedo, preocupación y ansiedad. Tan solo en una encuesta realizada en el 2021 por el Foro Económico Mundial en 30 países, más de la mitad de los participantes expusieron que su salud mental había empeorado desde el comienzo de la pandemia, superando el promedio global del estudio de 45%.
No podemos pasar por alto que los efectos de estos padecimientos se reflejan en un costo incalculable para la sociedad. Al respecto, un estudio realizado por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres reveló que las pérdidas económicas debidas a los trastornos mentales que provocan discapacidad o muerte entre los jóvenes se estiman en casi 390 mil millones de dólares al año.
Desafortunadamente en México el tema de la salud mental y las adicciones representa un foco rojo. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19, se estimó que entre la población adolescente de 10 a 19 años, 6.6% padece depresión, mientras que en la población adulta es el 16.1%; el 19.1% de la población consume tabaco; el 10.3% consume en exceso alcohol; en la población adolescente, el 21.1% consume alcohol y el 6.3% tienen ideas suicidas.
Al respecto, en junio de 2022, la UNAM publicó un estudio que describe el aumento de suicidios, principalmente entre adolescentes y jóvenes de 14 a 29 años de edad. Actualmente, el suicidio es la cuarta causa de muerte entre jóvenes de México y el mundo, pero se vaticina que para 2029 se convierta en la segunda.
Precisamente, es en el escenario descrito donde radica la importancia de la creación de la CONASAMA, ya que para nadie es un secreto que en nuestro país históricamente los recursos económicos, humanos y materiales disponibles para la atención de la salud mental no son suficientes y han sido mal distribuidos, lo que ha generado una gran brecha entre el número de personas con trastornos mentales que necesitan tratamiento y aquellos que lo reciben.
Es imperativo implementar estrategias efectivas para promover la salud mental y el bienestar integral en el país, por ello es que aplaudo esta acción del Gobierno Federal, la cual sin duda se debe replicar en los estados bajo una combinación de medidas a nivel individual, comunitario y gubernamental.
Se necesita educar a la población sobre la importancia de la salud mental, fomentar la conciencia y eliminar el estigma asociado a los trastornos mentales. Además, es necesario ampliar y mejorar el acceso a servicios de salud mental de calidad, especialmente en áreas rurales y comunidades marginadas. El fortalecimiento de la atención primaria de salud y la capacitación de profesionales de la salud en el campo de la salud mental también son aspectos clave para abordar esta problemática.
No queda más que esperar que el plan de trabajo de la Comisión empiece a permear en todo el país y que los estados y municipios hagan lo propio, ya que invertir en la salud mental puede mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos, reducir la carga económica y social asociada para así construir una nación más resiliente y próspera.
*IC