Luego de que este jueves por la mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto de 2021 en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador establecía las obras de gobierno como de seguridad nacional, el Ejecutivo lanzó un nuevo acuerdo en el mismo sentido.
En este nuevo decreto, publicado esta tarde en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el presidente López Obrador estableció como obras de seguridad nacional la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, espacios, bienes de interés público, ejecución y administración del Tren Maya y otras obras.
Se trata del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos de Chetumal y Tulum, Quintana Roo, y el de Palenque, Chiapas.
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“Son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, en los términos expresados en la parte considerativa de este decreto”, indica el artículo único del documento.
El decreto señala que la Seguridad Nacional implica la gestión del bienestar colectivo, el pleno ejercicio de las libertades cívicas y el establecimiento de las condiciones de justicia, paz y seguridad que propicien la prosperidad y el desarrollo sostenible para la nación.
¿Cómo fue que la Corte anuló el decreto anterior?
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este jueves como inconstitucional que las obras prioritarias del gobierno puedan ser declaradas como de seguridad nacional y de interés público.
Este acto fue impugnado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) mediante la controversia constitucional 217/2021 en la que señaló que esta medida afectaba sus facultades.
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El ministro Juan Luis González Alcántara propuso al pleno declarar este decreto como inválido, al señalar que se podría usar como pretexto para reservar información relacionada a las obras del gobierno.
“En el caso que nos ocupa, en el escrito de demanda analizado, se extraen algunos argumentos suficientes para considerar que la emisión del acuerdo impugnado es susceptible de causar un impacto en el derecho de acceso a la información”, sostuvo el ministro.
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