Diputados de izquierda en el Congreso del Estado presentaron la iniciativa de reforma a varios artículos del Código Civil del Estado, para que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea reconocido legalmente, pues se trata de un tema del que se ha pospuesto su debate y aprobación en Aguascalientes, expresó el diputado perredista, Emmanuelle Sánchez Nájera, que tuvo la adhesión a su iniciativa de la legisladora Leslie Figueroa del Grupo Parlamentario MORENA-PT.
En asuntos generales durante la sesión ordinaria de ayer, el perredista resaltó que la intención es que se reconozcan y garanticen los derechos humanos relacionados con el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de la comunidad LGBTI en México, a que el estado respete la libre forma de elegir un proyecto de vida.
Refirió que mientras diversas entidades ya acataron la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se legisle en la materia, en Aguascalientes se ha hecho caso omiso al tema, por lo que sugirió que esta Legislatura debe retomarlo.
Aprobada la convocatoria para elección en la CEDH
En el desarrollo de la sesión, también fue aprobado el Acuerdo Legislativo para la publicación de la Convocatoria de Elección de la o el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, toda vez que el actual titular, J. Asunción Gutiérrez Padilla termina sus funciones el 15 de enero de 2022.
Una vez publicada la convocatoria en el Periódico Oficial del Estado, los aspirantes deberán solicitar su registro a partir del 16 de este mes, misma que está dirigida a asociaciones civiles relacionadas con la difusión y protección de los derechos humanos, así como a colegios de profesionistas e instituciones de educación superior del estado, a fin de que presenten propuestas de perfiles para ocupar el cargo.
Entre los requisitos que deberán cumplir los aspirantes están el tener licenciatura o equivalente, preferentemente en Derecho y tener experiencia profesional y prestigio en materia de derechos humanos o actividades afines, contar con al menos 30 años de edad cumplidos, no pertenecer al Estado eclesiástico o fuerzas armadas ni ser ministro de culto; no haber sido responsable de violaciones a los derechos humanos en alguna de las recomendaciones emitidas por un organismo público de defensa de los mismos, entre otros.
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