El Consejo General de Abogacía Mexicana (CGAM) es algo así como el Olimpo de los licenciados en derecho en México. Está integrado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE), la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM).
Pues, el jueves 12 de enero, el Consejo General pidió la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras haberse comprobado que su tesis de licenciatura es un plagio.
No es cosa menor que el Consejo lance semejante pronunciamiento, independientemente de que al sábado 14, se había leído 129 mil veces dicho escrito en Twitter. El problema va más allá de que la señora Esquivel será dada de baja de su cargo, algo que ocurrirá cualquier momento.
La Constitución Política señala en su artículo 95, que, para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita entre otras cosas, “III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello”.
Ahora vea usted una salva de temas que alguien subió en la Wikipedia respecto a la trayectoria de la señora, en el entendido que todos esos puntos requieren forzosamente del título de licenciatura y cédula profesional:
“Es maestra en Administración de Instituciones Educativas por la Universidad del Valle de México y doctora en Derecho de la Empresa por la Universidad Anáhuac en convenio con la Universidad Complutense de Madrid”.
“Inició su carrera como servidora en 1985 como asesora jurídica en la Subdelegación Jurídica del Departamento del Distrito Federal”.
“En 2009 fue nombrada magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y fue elegida como presidenta de dicho tribunal para el periodo 2012-2015, cargo para el que fue reelecta con su nueva denominación como Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y que ocupó hasta 2019”.
“En febrero de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una terna de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (…) El 12 de marzo del mismo año el Senado de la República sesionó y ningún candidato logró reunir la mayoría calificada, con Esquivel con 66 votos (…)”.
“En 2021 fue nombrada presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte para el periodo 2021-2022 (…)”. Hasta aquí concluyo el citado.
Si la señora Esquivel nunca corrigió a la Wikipedia, entonces dio por buena la información. En ese tenor, aparecen los siguientes puntos:
1.-Si “inició su carrera como servidora en 1985 como asesora jurídica…”, ejerció un cargo público sin el título que se exige. Consultando el portal de Cédulas Profesionales de la Secretaría de Educación Pública, al 14 de enero de este año, se observa que el doctorado se le expidió en 2009 con la cédula 6276638. En el caso de la maestría, se le otorgó en 2021 con la cédula 12321712 y el de licenciatura en 1988, con la cédula 1225326.
2.-Si fue nombrada magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en 2009 y fue elegida como presidenta de dicho tribunal para el periodo 2012-2015, todo lo que haya firmado durante seis años, es susceptible de potenciales impugnaciones.
3.-En el mismo tenor, si fue reelecta en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que ocupó hasta 2019, podría sancionarse tal relección.
4.-Y de igual forma, todo lo que haya tenido que ver la señora Esquivel en la Segunda Sala de la Suprema Corte en 2021, también puede ser, en el menor de los casos, puesto sobre controversia.
El lío que se avecina es lo que importa, dado que cientos de interesados podrán irse sobre los votos y decisiones que la señora Esquivel emitió, no sobre la sustancia de los mismos.
Si usted cuenta el número de controversias jurídicas en las que la esposa del magnate José María Riobóo ha estado involucrada desde 1985, entenderá que viene un alud de inconformidades, sin omitir el rechinar de dientes por favores y venganzas que ahora carecen de toda sustancia.
Queda claro que el Consejo General de Abogacía Mexicana no meterá las manos por ella. Es de entenderse que en estas viscosas épocas, se busque tapiar al universo de actos jurídicos en los que Yasmín Esquivel metió las manos, de 1985 a la fecha. Piense especialmente en aquella litis en la que el voto de la aludida definió el sentido de una decisión que afectó personas, patrimonios, poderes, o todo junto.
Está montada la mesa para que docenas de grupos de interés y presión preparen una cena de negros, tras saber que apoyaron o fueron apoyados por un poder fáctico erigido en una quimera administrativa.
*ARD