Más de 200 profesores e investigadores de la UNAM han expresado su enérgico rechazo a la sentencia que obliga al exrector de la universidad, Enrique Graue Wiechers, y al exdirector de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, Fernando Macedo Chagolla, a pagar 15 millones de pesos como indemnización por daño moral a Martha Rodríguez Ortiz, una asesora de tesis señalada por su participación en el plagio de trabajos académicos. Este caso ha generado controversia, especialmente debido a su vinculación con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, cuya tesis de licenciatura se ha visto implicada en el escándalo.
La disputa comenzó en diciembre de 2022, cuando se hizo público que la tesis de Esquivel, presentada en 1987, había sido presuntamente plagiada. La investigación posterior reveló que otros trabajos asesorados por Rodríguez Ortiz también contenían contenido plagiado. Ante estos hallazgos, la UNAM tomó cartas en el asunto, y en enero de 2023 determinó que existía evidencia clara de plagio, por lo que rescindió el contrato de Rodríguez Ortiz, quien había trabajado como asesora en la FES Aragón.
El juicio y la condena judicial contra los exfuncionarios universitarios
A pesar de la postura de la UNAM, la situación dio un giro inesperado cuando la jueza Flor de María Hernández Mijangos, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dictó sentencia el pasado 28 de febrero a favor de Rodríguez Ortiz, considerando que el caso había sido divulgado indebidamente por los exfuncionarios universitarios antes de una sentencia formal. Esto llevó a que la justicia impusiera una condena económica a Graue y Macedo por un total de 15 millones de pesos por daño moral.
Los académicos y firmantes de un comunicado conjunto critican duramente la sentencia, considerando que representa una manipulación política de la justicia. En el texto, afirman que "la sentencia premia a la asesora de tesis plagiadas y castiga a los funcionarios que, en representación de la UNAM, actuaron conforme a la ética y el deber". Además, los firmantes enfatizan que esta resolución demuestra cómo la justicia puede ser distorsionada con fines políticos, afectando no solo a los exrectores, sino a la universidad pública misma.
Entre los académicos que suscriben este manifiesto se encuentran figuras reconocidas de la UNAM, como Adrián Guillermo Aguilar del Instituto de Geografía, Roger Bartra del Instituto de Investigaciones Sociales y María Marván Laborde del Instituto de Investigaciones Jurídicas, entre otros. También se han sumado periodistas y analistas políticos, quienes también exigen que se haga justicia en este caso y que se revierta la sentencia que consideran injusta.
Los firmantes confían en que las instancias judiciales encargadas del proceso apelarán la sentencia y rectificarán lo que consideran un fallo erróneo, para garantizar que se respete la ética académica y el derecho de la universidad a sancionar el plagio. La comunidad académica y los ciudadanos esperan que el caso sea revisado a fondo para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
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